El Ejecutivo detalló ayer, por primera vez en el Congreso, su indicación a la Ley de Fármacos 2 que establece mecanismos de fijación como una nueva tarifa de dispensación para la venta.
Diario Financiero – Los ojos de los actores del mundo farmacéutico estuvieron puestos ayer en el Senado y la sesión de la comisión mixta que abordó por primera vez las indicaciones al proyecto de Ley de Fármacos II que buscan establecer una nueva regulación de precios a los medicamentos.
Tras casi un año de trabajo de esa instancia legislativa, la esperada reunión implicó tanto la presentación de los detalles de la propuesta enviada por el Ejecutivo a fines de marzo –cuya explicación estuvo a cargo del subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, acompañado del ministro de Salud, Enrique Paris- como su contraste con la iniciativa que elaboró un grupo de parlamentarios de oposición.
“Queremos llegar a un buen acuerdo y estamos dispuestos a buscar puntos de equilibrio para cumplir un mismo objetivo. Por primera vez, un gobierno de centro- derecha se ha abierto a buscar un mecanismo que pueda regular los precios de los medicamentos, tanto a nivel de laboratorios como de farmacias, haciendo esfuerzos importantísimos para generar un buen mecanismo de política pública”, indicó de entrada Pavez.
En lo fundamental, el Ejecutivo plantea un Observatorio Nacional para comparar los valores de estos productos—punto que ha generado el mayor consenso en el sector—, y una reforma la situación de precios actual estableciendo un nuevo esquema de fijación a través de una tarifa de dispensación. Ésta surge de la suma entre el costo al cual las farmacias adquieren los medicamentos a los laboratorios y un costo de intermediación fijado, a partir de lo cual finalmente se determinará el valor de venta al público. Con esta tarificación –que la autoridad ha aclarado que las farmacias podrán fijar de manera libre- se busca propiciar la venta de medicamentos de más bajo costo y una competencia por el menor margen de intermediación.
Si bien las indicaciones del Ejecutivo y de los parlamentarios de oposición tienen similitudes ya que están basadas en las conclusiones de un estudio de Fiscalía Nacional Económica (FNE) de enero de 2020, la propuesta de los legisladores propone un control más estricto con prioridades como regular el mercado de los medicamentos genéricos de marca, en el cual observan la mayor necesidad de intervenir por su alta variación de precios.
En este sentido, el senador Girardi arremetió contra la propuesta del Ejecutivo desestimando su supuesto en cuanto a perfeccionar un mercado de medicamentos ya que, a su juicio, éste no existe como tal e instó a que los medicamentos “se traten como un bien público esencial y no como un bien privado”. Desde este punto, cuestionó la falta de medidas que aseguren una mayor transparencia y acusó al Ejecutivo de hacer “una defensa a ultranza de la estafa que son los genéricos de marca, defendiendo a estafadores contumaces que toman un genérico que vale $ 2.000, le cambian el envase y venden lo mismo a $ 12.000. Por qué eso no puede estar sometido a precio máximos industriales”. Luego, las afirmaciones fueron desestimadas tanto por el subsecretario Pavez como por el ministro Paris.
Pese al cruce de opiniones, los representantes del Ejecutivo y los integrantes de la comisión mixta acordaron seguir analizando las indicaciones para llegar a puntos de acuerdo coincidiendo en la necesidad de concretar la aprobación de la ley que ya cumple cinco años de tramitación.
La crítica de los actores de la industria
Las indicaciones han generado resistencias en amplios sectores del rubro, como gremios profesionales, laboratorios nacionales y, especialmente las cadenas farmacéuticas. Estas últimas argumentan que el peso de esta normativa está puesto en su actividad y no en los otros eslabones de la cadena.
“Tanto la regulación que propone el Ejecutivo, como la otra impulsada por algunos parlamentarios de oposición, simplifican la problemática concentrando sus esfuerzos regulatorios en las farmacias, las mismas que no podemos acceder a los precios que los laboratorios entregan al sector público e institucional privado. Las farmacias, como último eslabón de la cadena, no somos el origen del problema”, afirmó Sergio Rojas, director de Asuntos Corporativos de Femsa Salud Chile, empresa que controla la cadena Cruz Verde.
Por su parte, desde Farmacias Ahumada sostienen que “lamentablemente se está perdiendo una buena oportunidad de abordar el problema en su globalidad, que mejore el acceso a medicamentos para todos los pacientes, sin perjudicar a los actores de la cadena de valor de la salud, cualquier sea el tamaño de éste”.
En efecto, el eje de las propuestas basado en una competencia por el menor costo de intermediación también ha sido criticado por el mundo de las farmacias independientes, que representan del orden del 60% del sector medido como unidades económicas. En ese escenario, tanto desde las tres grandes cadenas como de las farmacias medianas y pequeñas, advierten que una futura vigencia de los esquemas de regulación de precios planteados implicarán ajustes significativos de sus plantas y redes de locales, así como el cierre de establecimientos, respectivamente.
Desde una perspectiva más global, y junto con afirmar que una implementación de políticas de regulación de precios “debe ser transparente en toda la cadena del medicamento, lo que implica tanto a la industria farmacéutica productora, como a droguerías (distribuidores intermediarios) y a las farmacias”, el Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos puntualiza que la indicación “se aboca a este último eslabón” y advierte que una aprobación en sus términos actuales “podría dañar severamente, e incluso destruir, la red de dispensación farmacéutica independiente de Chile, aumentar la concentración del mercado en las tres grandes cadenas retail, afectando con ello, la disponibilidad de medicamentos a la población más apartada y vulnerable”.
Los productores nacionales de medicamentos también ponen en tela de juicio la conveniencia de avanzar en la línea planteada por las indicaciones y enfatizan la necesidad de que estas estrategias se abran a considerar toda la evidencia técnico y la experiencia internacional. “Países como Ecuador y Colombia han aplicado un control de precios similar como el que se quiere impulsar acá y no ha tenido un efecto concreto en bajar el valor de los medicamentos; de hecho, el precio de los genéricos se ha incrementado debido a la disminución de la competencia, tal como lo demuestra un estudio de IQVIA de 2019, en los cuales sus valores duplican a los observados en Chile”, indica el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), Elmer Torres.
Fuente: Diario Financiero, Viernes 30 de abril 2021
